Ya han pasado 3 años desde
la injustificable la decisión, emprendida por la anterior administración local,
de peatonalizar el barrio de El Carmen en Gijón.
Cualquiera que se pase, a
partir de las 13:00, por la mayoría de las calles del barrio, verá la desmesura
que supone la peatonalización de dichos espacios. Y todo para que puedan
explotar comercialmente esos tramos de vía pública establecimientos de
hostelería ubicados en locales minúsculos.
Por lo que, su ocupar la calle
no supone una forma de mejorar su servicio, sino su principal fuente de
ingresos. Contando además, con que somos los ciudadanos los que pagamos la
iluminación, limpieza y mantenimiento de su terreno ocupado con patente de
corso hostelera.
Tal y como ellos mismos
reconocen, el negocio les ha salido redondo. Una hostelera de la zona reconoce
en una entrevista los beneficios de su buena vista, a la hora de plantar su
negocio en una zona sin tradición hostelera previa, más allá de las ya ausentes
casas de lenocinio: “ahora tengo dos bares: uno para fumadores
y otro para no fumadores”.
Esta privatización de lo público,
lleva asociada una pérdida en la calidad de vida de quienes viven en la zona. Ya
que el acceso y salida del portal de los edificios se convierte en una carrera
de obstáculos. Sortear el mobiliario –sombreado aquí y allá, cual canta la
canción de Mecano– y deslizarse entre unos clientes
–más pendientes de que se les vea lozanos, que de ver a quien tienen cercanos
con bolsas en las manos– son los deportes de moda entre los residentes,
convertidos en forzados atletas urbanos.
Y, obviamente, el tema
pierde toda gracia cuando hablamos de los problemas que esta “hostelerización”
de las calles acarrea a los ancianos –porcentaje de población mayoritario en
este barrio envejecido– o en el desempeño de aquellas actividades para las que
es fundamental el recurso a un vehículo –desde el traslado de un enfermo al reparto
de una compra pesada–.
Eso sí, el soberano pueblo
de Gijón se concentra en contra de la destitución de un cargo de confianza que
ha perdido la confianza de la corporación local. Pero cada vez que se plantea
la queja ante esta situación, al denunciante lo tachan de quejumbroso o lo
invitan a ir a ver la ballena.
Más allá de la dudosa
legalidad de las medidas, es inmoral el que se rente a intereses privados el
uso de un espacio público que pertenece a todos.
